En Manacor la Policía Nacional detuvo a un propietario. Un inquilino presentó una denuncia después de que le cortaran la luz y el agua durante tres días.
Actuación policial en Manacor: graves acusaciones contra el propietario
En el casco antiguo de Manacor, poco después del amanecer en una calle empapada por la lluvia, los investigadores detuvieron a un hombre de 50 años. Según fuentes policiales, está sospechado de haber intimidado gravemente a uno de sus inquilinos e incluso de haberlo amenazado de muerte. La acusación: el propietario habría cortado el suministro de luz y agua al inquilino durante tres días para obligarlo a abandonar la vivienda.
Cómo se originó el conflicto
Los vecinos cuentan que desde hace tiempo había problemas en el edificio de viviendas al borde del casco urbano. «Se veía la tensión en la gente», dice una vecina que cada mañana pasa por la plaza con sus compras. El inquilino afectado finalmente acudió a las autoridades después de permanecer días sin suministro y no ver otra salida.
La Policía Nacional asumió el caso tras la denuncia. Los investigadores señalaron que hay indicios de que el detenido ya había sido advertido por una autoridad competente de las Islas Baleares: supuestamente habría alquilado espacios no aptos para uso residencial. Además, se le acusa de haber vendido bombonas de butano sin las medidas de seguridad adecuadas, un riesgo no solo para los inquilinos sino para todo el edificio.
Consecuencias y reacciones
La detención no implica automáticamente una condena; las investigaciones continúan. Para los residentes del lugar, la situación ha sido un shock. Algunos ya han pedido apoyo a los servicios sociales. Otros han colgado en el pasillo carteles con datos de contacto para asesoría legal y consejos sobre cómo actuar ante cortes de suministros.
Las autoridades municipales consideran el caso un ejemplo de un problema mayor: en ocasiones se alquilan viviendas en condiciones precarias y se vulneran los derechos de los inquilinos. Estos casos salen a la luz con mayor frecuencia a lo largo de los años, especialmente cuando las víctimas se atreven a denunciar.
Lo que queda: una oleada de conversaciones en el vecindario, actuaciones administrativas contra el acusado y la esperanza de que los inquilinos afectados estén mejor protegidos en el futuro. Para muchos en Manacor está claro: ninguna vivienda ni ninguna amenaza puede primar sobre la seguridad de una persona.
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