El municipio de Llubí ha aprobado una ordenanza: límites máximos para mascotas, obligación de castración para los gatos que salen al exterior y multas de hasta 3.000 euros. ¿Qué aporta esto a la vida del pueblo — y dónde están las soluciones prácticas?
Llubí establece límites para mascotas: oportunidades, problemas y preguntas sin respuesta
En la plaza frente a la Iglesia de Llubí se oyen cada vez más las campanas entre conversaciones sobre perros, gatos y la tranquilidad vecinal. Desde julio rige una nueva ordenanza municipal: en el casco urbano se permiten como máximo tres mascotas por vivienda, en casas unifamiliares aisladas hasta cinco. Los gatos que salen al exterior deben estar castrados o esterilizados. El objetivo es reducir las colonias de animales callejeros y facilitar la convivencia. Suena razonable sobre el papel, pero en la práctica la norma plantea muchas preguntas.
La pregunta clave: ¿regulación o desplazamiento?
La cuestión central es: ¿consigue la ordenanza un control eficaz y una mejor protección animal, o solo traslada los problemas, a menudo en detrimento de las personas con menos recursos y de los propios gatos? A corto plazo, cifras claras pueden ayudar a reducir conflictos. Pero ¿quién controla y cómo? ¿Puede una mujer mayor que cuida desde hace años de una colonia de gatos verse ahora amenazada por sanciones porque olvida aportar la documentación de las castraciones?
Lo que suele faltar en el debate público
Muchas discusiones giran en torno a las multas y las prohibiciones —de hasta 3.000 euros por infracciones graves— o a si los dueños de perros podrán seguir paseando con sus animales por la plaza por la noche. Se presta menos atención a cómo afectarán las medidas en lo económico y organizativo: las castraciones tienen coste, la capacidad de los veterinarios es limitada, y los programas TNR (capturar, castrar, devolver) requieren coordinación logística y seguimiento. Tampoco se menciona la posible subida de entregas de mascotas a refugios si los propietarios no pueden mantenerlos por los límites establecidos.
Riesgos y efectos no deseados
Si el ayuntamiento no ofrece simultáneamente apoyo económico y un proceso claro, hay dos escenarios probables: el traslado de animales sin dueño a municipios vecinos o un aumento de la cría y tenencia ilegal. Además, el temor permanente a las inspecciones puede desanimar a las personas voluntarias que cuidan las colonias. Y no menos importante: exigir balcones libres de gatos —una regla bienintencionada (higiene, seguridad)— puede ser difícil de aplicar en las viviendas típicas del pueblo.
Oportunidades concretas —si la implementación funciona
La ordenanza ofrece oportunidades reales si Llubí actúa ahora: un calendario público y accesible para acciones TNR, castraciones subvencionadas para hogares con pocos recursos y jornadas móviles de esterilización reducirían mucha inquietud. Los microchips y un registro transparente podrían ayudar a aclarar responsabilidades sin criminalizar a los propietarios. Aún más importante: la colaboración con los voluntarios reconocidos, ya citados en la ordenanza, debe institucionalizarse —con reglas de responsabilidad, apoyo material y formación.
Sugerencias para una implementación más justa
En lugar de solo prohibir, el municipio debería apoyar de forma proactiva. Propuestas prácticas son:
1. Castraciones subvencionadas – vales o ayudas para hogares con bajos ingresos.
2. Jornadas móviles de clínica – una estación veterinaria en la plaza del mercado o junto a la iglesia una vez por trimestre para castrar y poner microchip a muchos animales de forma rápida y económica.
3. Implantación gradual y plazo de adaptación – periodos transitorios que den tiempo a los propietarios a adaptarse y buscar soluciones económicas.
4. Fomento del voluntariado – reconocimiento oficial, aclaración de responsabilidades, suministro de material (trampas, botiquín) y formación.
5. Procesos transparentes de queja y recurso – para que las inspecciones no se perciban como redadas arbitrarias.
Qué dicen las personas en la calle
En el mercado semanal se oyen opiniones de todo tipo: algunos vecinos respiran aliviados porque por fin hay reglas claras; otros temen «burocracia a la puerta de casa». Cuando cantan las chicharras y llega el aroma de ensaimadas recién horneadas desde la panadería, muchos piden soluciones sencillas: castraciones asequibles, controles respetuosos y menos perros que ladran en las noches calurosas. El objetivo común suele ser el mismo: plazas limpias, menos sufrimiento y vecinos tranquilos.
Llubí ha dado el primer paso, pero si el pueblo acaba teniendo realmente menos animales callejeros y más armonía dependerá en gran medida de la implementación. La ordenanza puede ser un buen comienzo —si el municipio la acompaña con sentido común, apoyo a los voluntarios y ayudas financieras claras para quienes lo necesiten.
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