
Si las multas coercitivas no bastan: ¿podría la fiscalía amenazar a los propietarios de pisos turísticos?
La administración insular endurece la actuación contra el alquiler vacacional no autorizado: elevadas multas diarias de hasta 500.000 euros y la posibilidad de remitir a reincidentes a la fiscalía. ¿Será suficiente para limpiar el mercado y qué falta en el debate?























