Familias con niños viviendo en barracas y naves ocupadas junto al aeropuerto de Son Sant Joan

Escasez de vivienda junto al aeropuerto: por qué las periferias de Palma se convierten en refugios de emergencia

Escasez de vivienda junto al aeropuerto: por qué las periferias de Palma se convierten en refugios de emergencia

Barracas y naves ocupadas en el aeropuerto de Son Sant Joan muestran que falta vivienda: familias y niños viven en campamentos provisionales. Un análisis crítico y propuestas concretas.

Escasez de vivienda junto al aeropuerto: por qué las periferias de Palma se convierten en refugios de emergencia

Pregunta guía: ¿Puede Palma ofrecer a las personas que viven al aire libre o en barracas ilegales protección a corto plazo y una vivienda real a largo plazo?

En las polvorientas zonas periféricas alrededor de Son Sant Joan, donde el viento lleva el ruido de los motores de los aviones que despegan sobre viejos tejados de chapa, en los últimos meses cada vez más personas se han asentado de forma permanente. En terrenos abandonados, en naves industriales vacías y junto a las vallas del aeropuerto han surgido viviendas provisionales. Juguetes junto a carros de la compra llenos de polvo, ropa secándose en estructuras de metal: la imagen no solo es triste, es una llamada de atención.

La situación no es un fenómeno aislado. Palma lleva años con muy poca vivienda asequible, y las zonas periféricas perciben las consecuencias de forma especialmente intensa: áreas más allá de la autovía de Llucmajor, los terrenos alrededor de Mercapalma y antiguos campos de fútbol se deterioran porque la gente no tiene otra opción. Los propietarios aseguran los edificios con muros y candados, empresas de seguridad instalan cámaras: aislamiento físico en lugar de soluciones para quienes viven dentro, como muestran el aumento de personas sin techo en Palma y estudios sobre cómo las caravanas se convierten en la última dirección para muchos habitantes de la isla.

Quien se sitúa en el puente peatonal entre Can Pastilla y el aeropuerto oye más que el ruido de los aviones: furgonetas de reparto, conversaciones lejanas, el traqueteo de ruedas con cadenas sobre la grava. Un transeúnte, un trabajador de Mercapalma, cuenta que ve a familias que van y vienen, a veces padres con niños pequeños que comparten una comida entre cajas y junto a un camping gas. Estas observaciones coinciden con las huellas: ropa de niño, un osito de peluche, un pequeño tobogán de plástico frente a una nave abandonada.

Análisis crítico: las respuestas dominantes en el lugar son reactivas. Los propietarios aseguran, las empresas de seguridad deben disuadir, los servicios de orden público controlan. Eso protege la propiedad privada, pero no soluciona ningún problema social. Cuando las personas buscan refugio en terrenos aeroportuarios es porque los sistemas normativos de la ciudad, de la isla y de los municipios no les llegan: faltan albergues de emergencia a corto plazo, estructuras suficientes de orientación y mediación y viviendas sociales suficientes.

En el debate público falta un elemento importante: diferenciar entre quienes viven temporalmente en condiciones de urgencia y quienes están desprotegidos a largo plazo. En lugar de condenas generales o estrategias de criminalización, hace falta un debate público sobre cuánto espacio de vivienda asequible es necesario, cómo deben organizarse los alojamientos temporales y qué responsabilidad pueden asumir las zonas cercanas al aeropuerto, las empresas logísticas y los grandes mercados, tal y como señalan análisis sobre la escasez de vivienda en Mallorca entre propiedad y vecindad.

Escena cotidiana concreta: en una mañana gris se ve al borde de un proyecto de skatepark abandonado a dos hombres enrollando mantas. Un niño se ríe cuando pasa un autobús por la autovía. Un perro husmea un frigorífico viejo. El olor a gasolina se mezcla con el aroma de algo asado en un camping gas. Esa normalidad al margen de la infraestructura muestra: no se trata solo de propiedad; se trata de personas que necesitan espacios para vivir.

Propuestas concretas, sin pretender ser exhaustivas: la primera prioridad debe ser la protección de las familias con niños: equipos móviles formados por trabajadores sociales, servicios de salud y mediadores lingüísticos deberían visitar regularmente las zonas afectadas para ofrecer ayuda inmediata, ropa de abrigo y asesoramiento sanitario y de vacunación. Los municipios deben habilitar con rapidez edificios municipales vacíos como albergues temporales y, en paralelo, poner en marcha programas vinculantes de mediación hacia viviendas sociales.

Además, la administración insular debería revisar la posibilidad de acuerdos de cooperación obligatorios con los gestores de grandes terrenos cercanos al aeropuerto: superficies actualmente en desuso podrían emplearse, de forma temporal y con plazos, para albergues estructurados. Sería útil establecer un procedimiento de evaluación previo a cualquier desalojo: las expulsiones solo deberían realizarse con garantía de reubicación y con folletos informativos sobre los recursos disponibles; de lo contrario solo se traslada el problema.

A largo plazo es imprescindible construir vivienda asequible. Eso implica liberar solares, financiar programas de vivienda social, como los del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda, y acelerar la puesta en uso de inmuebles vacíos. Las asociaciones público-privadas pueden ayudar, pero solo con condiciones claras que garanticen la prioridad para colectivos vulnerables.

Lo que a menudo falta en el debate es la voz de las propias personas afectadas. Sin su perspectiva, las medidas quedan meramente técnicas. Por eso las ofertas de asesoramiento y los mecanismos de participación deben integrarse en todas las planificaciones: solo quien es escuchado permanece alcanzable por las medidas.

Conclusión: las barriadas de barracas y las ocupaciones alrededor del aeropuerto de Palma no son solo un problema de orden y propiedad. Son la manifestación visible de una cadena: poca vivienda asequible, escasos recursos de ayuda inmediata, insuficiente coordinación política. Palma puede resolverlo si administraciones, propietarios y sociedad civil diseñan y aplican una estrategia sólida: rápida para proteger a las personas vulnerables y simultáneamente orientada a crear vivienda permanente. Quien ahora se limita a cerrar o tapiar solo trasladará el sufrimiento a la siguiente parcela en desuso — y al final será el mismo puente, los mismos ositos de peluche, los mismos niños que pasan frío.

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