
¿Quién puede tumbarse en la Playa de Formentor? Investigaciones contra un hotel plantean preguntas sobre el acceso a la playa
A primeras horas de la mañana, empleados del Ayuntamiento de Pollença hallaron indicios de que en la Playa de Formentor se habían marcado áreas como "privadas". La Dirección de Costas investiga — y la pregunta central sigue siendo: ¿Cómo defender el litoral público frente a una privatización sutil?
¿Quién puede tumbarse en la Playa de Formentor? Investigaciones contra un hotel plantean preguntas sobre el acceso a la playa
Al amanecer del martes, todavía antes de que los ferris de Alcúdia dieran inicio al día y mientras la espuma en el Cap Formentor brillaba con la luz baja del sol, empleados del Ayuntamiento de Pollença encontraron indicios que han dado que hablar: en la Playa de Formentor habría tumbonas, sombrillas y aparentemente incluso toallas que marcaban zonas anunciadas como exclusivas para huéspedes del hotel (¿160 euros por dos tumbonas? Disputa por el acceso a la playa de Formentor). Gaviotas sobrevolaban, el viento traía el olor salado de la bahía — y en medio de esa calma surgía la pregunta: ¿Puede un hotel reservar de facto partes de una playa pública?
De qué va jurídicamente
En el centro está la Ley de Costas española. El litoral es dominio público — no puede ser privatizado de forma permanente. El problema en Formentor no es solo una toalla abandonada a primera hora, sino la práctica detrás: si un hotel en su web señala áreas como "privadas y exclusivas" y huéspedes o empleados marcan puntos junto al agua, se restringen las posibilidades de uso para todos. Por eso la Dirección General de Costas ha abierto formalmente investigaciones; el pasaje en la web del hotel ha desaparecido y las marcas visibles han sido retiradas recientemente (Four Seasons Formentor elimina indicio de playa privada).
Qué se investiga hasta ahora — y qué raramente se escucha
Los funcionarios están analizando fotos, tomas aéreas y declaraciones de testigos, entre ellas la de un socorrista que trabajó el fin de semana y que informó sobre zonas marcadas para clientes. Si se confirma una infracción, pueden imponerse advertencias, multas y la orden de retirar todas las marcas privadas; en casos extremos también se podrían revocar derechos de uso.
A menudo se discute menos el aspecto económico y organizativo: los hoteles alegan que deben ofrecer servicio y atender a sus clientes — para algunos gestores, señalar "áreas exclusivas" es un argumento de venta en un mercado muy competitivo (véase polémicas sobre ¿Se privatiza la playa? Camas de 210 euros en Formentor generan polémica). Al mismo tiempo surgen conflictos con servicios de salvamento y pescadores locales, que necesitan accesos claros al agua. La estacionalidad también influye: en temporada alta cada metro cuadrado cuenta y crece la presión por asegurar espacios —legalmente o mediante prácticas sutiles.
Consecuencias para locales y visitantes
Para la población local estos incidentes suelen generar malestar: la memoria de madrugadas en las que las mejores zonas estaban ocupadas por toallas queda honda. Para los turistas la situación puede resultar confusa: ¿están incluidas las tumbonas, se pueden reservar o son públicas? Estas incertidumbres perjudican la imagen de toda la región. Al mismo tiempo, los atractivos naturales de Mallorca —el rumor de las olas, el aroma de las pinochas en el Cap— no están en discusión: el acceso al mar forma parte de la calidad de vida local.
Medidas concretas: cómo evitar conflictos
Las investigaciones en curso son importantes, pero por sí solas no bastan. De la discusión se derivan pasos concretos que aportan claridad legal y soluciones prácticas para el día a día:
- Señalización clara y visible: ayuntamientos y la autoridad de costas deben marcar con nitidez qué tramos son públicos. Quién coloca carteles informativos reduce malentendidos.
- Directrices obligatorias para hoteles: un código de conducta que establezca de forma inequívoca que no se permiten marcaciones permanentes ni barreras físicas —combinado con formación para el personal del hotel.
- Puntos de denuncia protocolizados: canales rápidos de denuncia (app, línea directa, ventanilla municipal) y la obligación de los socorristas de dejar constancia de observaciones generan pruebas y aceleran sanciones.
- Derechos de uso temporales y limitados: donde se prestan servicios en la playa, deben ser claramente acotados en el tiempo y autorizados —no convertirse en derechos exclusivos permanentes.
- Aplicación visible: controles periódicos de la Dirección de Costas y la policía local, incluidas tomas con drones, pueden disuadir. Y: multas reales, no solo advertencias.
Estas medidas ayudan a mantener el equilibrio entre la economía del turismo y la protección del espacio público. No son ciencia ficción, pero sí requieren coordinación entre ayuntamientos, la autoridad de costas y el sector.
Una visita al ayuntamiento — y mirada al futuro
Por la tarde estuve brevemente en el Ayuntamiento de Pollença. El ambiente era sereno, casi rutinario: voces bajas, papeles que crujían, un funcionario revisando una y otra vez imágenes aéreas en su pantalla. "Trabajamos de forma transparente", me dijeron. Si se trata de un caso aislado o de indicios de un modelo de negocio sistemático con accesos "privados" a la playa lo dirán las investigaciones.
Para la gente del lugar queda la pregunta central: ¿queremos que el acceso al mar sea un argumento de venta de algunos proveedores —o que siga siendo un bien común, accesible para todos a cualquier hora? Las respuestas requieren normas, control y una dosis de sentido comunitario.
Actualización: En cuanto haya detalles sobre posibles sanciones o una declaración oficial del hotel, seguiremos informando desde Pollença y la costa.
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