
Llucmajor establece límite: censo de gallinas ponedoras limitado a 40.000 animales
El gobierno balear ordena reducir la explotación de gallinas ponedoras junto a Llucmajor a unas 40.000 aves. Para los vecinos supone menos olores y moscas; para los trabajadores, un futuro incierto. ¿Qué compromisos son posibles?
Llucmajor establece límite: censo de gallinas ponedoras limitado a 40.000 animales
El gobierno de las Islas Baleares ha anunciado esta semana una decisión que pone en movimiento muchas cosas en el pueblo: una gran explotación de gallinas ponedoras en las afueras de Llucmajor podrá mantener en adelante sólo alrededor de 40.000 gallinas, aproximadamente un tercio de la capacidad anterior. Para muchos vecinos en el quiosco de la carretera principal esto ya se siente como una pequeña liberación: por la mañana el aire quizá vuelva a oler más a mar que a establo.
La cuestión central: ¿compromiso o desplazamiento?
La pregunta que ahora flota sobre las terrazas de Llucmajor es clara: ¿es este nuevo límite un compromiso equilibrado entre protección ambiental y subsistencia económica, o sólo el primer paso de un debate sobre el desplazamiento sin un plan para los trabajadores? Las autoridades justifican la medida con tres aspectos que los vecinos llevan años denunciando: molestias persistentes por olor, posible contaminación del agua subterránea y problemas con plagas. Quien abra las ventanas por la mañana en la carretera hacia Campos conoce el olor; en las terrazas las moscas zumban más tiempo que antes.
Más que olor: los problemas menos visibles
Fotos higiénicas y cartas de queja han aumentado la presión pública, pero el debate no debe quedarse sólo en las molestias por el olor. A menudo se presta menos atención a cómo la carga de nutrientes del estiércol y las aguas residuales puede afectar a largo plazo al agua subterránea. También cuenta la interconexión regional: ¿dónde acaban los huevos? ¿Qué cadenas de suministro asumirán los costes de una adaptación? Y no menos importante: ¿cómo de dotado está el municipio en personal para llevar un control permanente y garantizar el cumplimiento de las nuevas normas?
El gobierno exige, junto con la reducción del censo, un plan de saneamiento con mejoras en las plantas de tratamiento de aguas residuales, rutinas de higiene más estrictas y un monitoreo del agua subterránea. Suena bien sobre el papel, pero el reto está en la ejecución. La tecnología cuesta, las autorizaciones llevan tiempo y el margen temporal para los trabajadores puede ser estrecho.
Entre alivio y miedo a perder el sustento
En el barrio las opiniones están divididas. Algunos vecinos respiran aliviados y ya cuentan los días hasta que haya menos mosquitos en las terrazas por la tarde. Una vendedora del puesto habla de un alivio diario cuando el viento trae olor del mar y no del establo. Por otro lado, un agricultor de la zona advierte sobre la pérdida de puestos de trabajo. Si baja el número de gallinas, se temen despidos y pérdidas de ingresos, sobre todo en temporada alta, cuando se necesita mano de obra adicional.
El municipio ha ordenado a los propietarios que presenten en pocos meses un plan concreto de saneamiento. Si éste no llega, se contemplan más restricciones y sanciones. Hasta entonces la situación permanece precaria: los vecinos quieren mejoras rápidas y los trabajadores necesitan perspectivas.
Pasos concretos necesarios ahora
En lugar de frentes ideológicos hacen falta soluciones pragmáticas. Propuestas que podrían tener sentido localmente:
1. Plan por fases con medidas compensatorias: reducción progresiva vinculada a inversiones visibles en tratamiento de aguas y filtros de olor, para que los trabajadores tengan tiempo para reciclarse o asumir tareas alternativas.
2. Fondo para la modernización: subvenciones públicas o créditos blandos para que la explotación invierta en sistemas cerrados o en instalaciones de compostaje para el estiércol; a largo plazo así se reducen emisiones y riesgos para las aguas subterráneas.
3. Monitoreo obligatorio: mediciones independientes de agua y aire en puntos variables, con publicación regular de los resultados por parte del ayuntamiento de Llucmajor. La transparencia genera confianza.
4. Participación de la vecindad: una mesa de diálogo con vecinos, trabajadores, propietarios y expertos que pacte calendarios vinculantes y mecanismos de control. Esto ayuda a combatir la desconfianza y los rumores.
5. Programas para trabajadores: apoyos a corto plazo, medidas de cualificación y mediación hacia actividades agrícolas afines, para que los ingresos de las familias no dependan únicamente del número de gallinas.
¿Se convertirá Llucmajor en un precedente?
La medida es una señal clara del gobierno balear de tomar más en serio los riesgos ambientales de la agricultura. Si el límite de 40.000 animales es el compromiso adecuado no se decidirá sólo por el número, sino por si la implementación es socialmente compatible y técnicamente eficaz. Las normas endurecidas contra la gripe aviar y la declaración de zona de alto riesgo para criadores de aves ilustran el cambio de enfoque regional hacia la bioseguridad.
En los próximos meses hablarán tanto las analíticas de agua y suelo como las voces de los vecindarios. Para muchos aquí se trata de cosas sencillas: menos olor por la mañana, menos moscas en el café con leche, agua limpia del grifo. Para otros se trata de ingresos y de una perspectiva en el medio rural. El desafío será no enfrentar ambas cosas entre sí; en este sentido medidas como la obligación de estabulación en 14 municipios muestran hasta qué punto las autoridades consideran la salud aviar en decisiones regionales.
Si está afectado o tiene observaciones: el Ayuntamiento de Llucmajor ha habilitado un departamento medioambiental al que se pueden dirigir quejas y observaciones. Pequeños pasos en la agricultura pueden tener gran impacto, siempre que se acompañen con inteligencia.
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