
Terraferida da la alarma: por qué las superficies de Mallorca desaparecen más rápido de lo que creemos
Terraferida da la alarma: por qué las superficies de Mallorca desaparecen más rápido de lo que creemos
La organización ambiental Terraferida informa que entre 2021 y 2024 se construyeron de media cinco chalets nuevos por semana en terrenos libres de Mallorca. En diez años se han transformado más de 1.400 hectáreas —casi del tamaño de Costitx—. ¿Qué significa esto para la isla?
Terraferida da la alarma: por qué las superficies de Mallorca desaparecen más rápido de lo que creemos
Pregunta central: ¿Quién protege el terreno libre cuando casetas, accesos y muros de jardín van ocupando el interior de la isla poco a poco?
Las cifras que cita la organización ambiental Terraferida son contundentes: entre 2021 y 2024 se construyeron de media cinco chalets nuevos por semana en los terrenos libres de Mallorca, casi el 60 % de todas las viviendas nuevas fuera de los núcleos urbanos. Y en los últimos diez años se han transformado más de 1.400 hectáreas, una superficie similar a la del municipio de Costitx. No son áreas abstractas: son pequeños valles, riberas de cultivo, muros de piedra seca y pastizales que desaparecen.
Análisis: ¿qué hay detrás del boom edificador en el exterior de los pueblos? Por un lado, el deseo de muchos compradores de inmuebles de disponer de privacidad y vistas panorámicas; por otro, la rentabilidad económica de viviendas aisladas para los promotores; y, finalmente, lagunas en la planificación y el control. Donde los límites municipales y las competencias se difuminan, surgen espacios para proyectos que fragmentan el paisaje. Las consecuencias son visibles: más caminos de acceso, redes de suministro más largas y mayor riesgo de incendios en un paisaje fragmentado. Todo ello ocurre mientras pueblos de Mallorca crecen más rápido, desplazando población y presión hacia el campo.
En el discurso público suele faltar la perspectiva de quienes cuidan la tierra: agricultores, pastores y viticultores que durante generaciones han trabajado con muros secos, canales de riego y pinos que dan sombra. En lugar de debatir solo sobre ocupación hotelera o uso de playas, deberíamos preguntarnos con más frecuencia: ¿cuánta naturaleza necesitamos aún para conservar el agua, el suelo y la biodiversidad? ¿Qué costes genera que terrenos agrícolas se conviertan en parcelas de una sola vivienda? Este debate debe enlazarse con la cuestión más amplia de cuántos habitantes puede soportar Mallorca.
Una escena cotidiana en Son Servera o poco antes de Llucmajor: alrededor de las ocho de la mañana se oye el lejano repiqueteo de la maquinaria, el crujir de la grava en nuevos accesos. El vecino, un agricultor con las manos manchadas, pasa con su tractor, mira la entrada que conduce a un chalet recién construido y niega con la cabeza. Imágenes como esa se repiten en la isla, no solo en zonas turísticas, sino en medio de áreas agrícolas.
Puntos críticos que rara vez se nombran: primero, la fragmentación de los hábitats. Pequeñas parcelas con setos y piscinas interrumpen los corredores de fauna. Segundo, la presión sobre la infraestructura: más viviendas unifamiliares implican más tráfico, problemas de aguas residuales y de residuos cuando las instalaciones descentralizadas se saturan. Tercero, la consecuencia social: cuando la tierra se vende de forma permanente con fines de segunda residencia, disminuye la oferta para la población local que necesita vivienda asequible, un fenómeno que se conecta con problemas sociales como más de 800 personas sin techo en Mallorca.
Tampoco hay suficiente transparencia en el debate público: hacen falta mapas actualizados y accesibles que documenten las trasformaciones, cifras claras sobre permisos otorgados frente a obras realmente ejecutadas y un inventario vinculante de las parcelas que dejaron de usarse con fines agrícolas. Sin datos la discusión queda difusa y la política suele reaccionar en lugar de prevenir; además, cuestiones del parque turístico como apartamentos turísticos sin registro complican la contabilidad real del uso del suelo.
Hacen falta medidas concretas y factibles: un moratorio temporal para nuevas construcciones en terrenos sensibles, acompañado de una revisión de los planes de uso del suelo; incentivos económicos para rehabilitar viviendas vacías dentro de los núcleos en lugar de edificar en suelo rústico; y la obligación de agrupar las nuevas edificaciones para que, en lugar de cinco chalets dispersos, surjan asentamientos compactos que reduzcan costes de infraestructuras y el consumo de paisaje.
También resulta útil una cartografía obligatoria de las hectáreas afectadas en la última década, pública e interactiva, para que vecinos, ayuntamientos y ecologistas puedan corregir el rumbo. Las sanciones por intervenciones sin autorización deben aplicarse con contundencia: las multas no pueden ser solo una etiqueta de precio para la transformación ilegal de suelos.
A nivel local ayudan reglas sencillas: prohibiciones de riego para superficies ornamentales en las zonas más secas, franjas de retirada obligatorias para flora y fauna junto a nuevos accesos, y planes de prevención y evacuación obligatorios en parcelas recientemente urbanizadas. Y, no menos importante, una mayor implicación de las comunidades agrícolas en los procedimientos de autorización. Quien trabaja la tierra a diario tiene un interés directo en su protección a largo plazo.
Para quien piense que esto es solo burocracia: el paisaje es memoria y abastecimiento al mismo tiempo. Las 1.400 hectáreas no son un dato estadístico, sino espacio para el silencio acústico, la infiltración de lluvia y los pinos que dan sombra. Si perdemos ese espacio poco a poco, luego pagaremos más por el agua, la prevención de incendios y la pérdida de producción de alimentos.
Conclusión: las cifras de Terraferida son una llamada de atención. La pregunta central sigue siendo: ¿queremos una isla con núcleos urbanos compactos o una interioridad convertida en un mosaico de accesos, piscinas y viviendas aisladas? Lo decisivo es implantar ahora instrumentos eficaces, transparentes y con arraigo local. Si no, un día despertaremos en un paisaje cuyo carácter ya no podremos recuperar.
Qué hacer ahora: cartografía transparente, moratorio en zonas sensibles, fomento de la rehabilitación en el interior de los pueblos, sanciones por transformaciones ilegales y participación de los usuarios del suelo. Sin combinar estas medidas, la alarma de Terraferida quedará como otro informe más en la red.
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